El docente del programa de Administración Ambiental de la Universidad Santo Tomás, Jorge Alberto Sánchez Espinosa, contextualizó a los asistentes acerca de la crítica situación que actualmente viven los habitantes en la zona afectada.
Sánchez Espinosa explicó que el proyecto de la “Hidroeléctrica Pescadero Ituango S.A. E.S.P”, cuyos principales socios son EPM y el Departamento de Antioquia, es, tal vez, la empresa más ambiciosa del país, cuyo principal objetivo es aprovechar el potencial hidroeléctrico del río Cauca. Sin embargo, desde sus inicios ha traído consecuencias en la zona; desde el 2018 se registran diez emergencias de todo tipo, como taponamientos, inundaciones, movimientos en masa, y, el más reciente, la disminución del caudal del río en época de sequía.
Profundas y graves dificultades que el proyecto está sufriendo han puesto en riesgo su viabilidad, la vida de las comunidades que habitan en el área de influencia directa del proyecto, así como la de los ecosistemas asociados a la cuenca del río.
Se ha llegado a tener impactos ambientales como la reducción del 90% del flujo de agua, muerte de cerca de 70 mil peces, pérdida de las comunidades acuícolas de la cuenca baja del río y rompimiento del ciclo natural eliminando por completo la migración de peces.
El río Cauca es el segundo más importante de Colombia, pasa por más de 180 municipios en siete departamentos del país; es sustento de la población que vive de sus actividades productivas como las azucareras y cafeteras
Los impactos sociales del megaproyecto han dejado la evacuación de más de 113 mil habitantes de la zona, pérdida parcial o total, en algunos casos, de los medios de vida de más de 57 mil habitantes, 35 mil damnificados directos en Puerto Valdivia y Puerto Antioquia.
Según EPM los costos para asumir esta emergencia ascienden a los 261 mil millones de pesos, sin embargo, si la contingencia sigue, las pérdidas podrían llegar a los 180 millones de dólares.
El Ministerio de Ambiente expidió la licencia ambiental conociendo que el lugar presentaba cantidad de fallas geológicas y los procesos sancionatorios abiertos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) desde hace 8 años no han sido fallados.
Por su parte, Orlando Rangel, Doctor en Biología de la Universidad de Ámsterdam y panelista invitado, expresó que las alteraciones biológicas y ecológicas son muy fuertes: “Lo importante es que el país tome conciencia de estos proyectos que han afectado a más de 35 mil personas”, puntualizó el académico.
En su intervención, Víctor Julio Atencio García, Director del Instituto de Investigaciones Pesqueras de la Universidad de Córdoba, manifestó que se debe hacer un plan de compensación directa a las familias afectadas por la tragedia.
Finalmente, Isabel Cristina Zuleta, Socióloga e Historiadora y vocera de las comunidades afectadas por Hidroituango, dijo enfáticamente: “Hay que parar la situación, no sabemos qué va a pasar mañana, sino se cesa el daño, no hay manera de compensación, primero nos tienen que decir qué pasará con esa obra; EPM es una empresa criminal que destruye el proyecto de vida de miles de personas”.
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